El oficialismo se vio obligado a suspender la reunión prevista para esta tarde de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que conduce "Bertie" Benegas Lynch, donde tenía planeado avanzar con el dictamen del proyecto de Presupuesto 2027. El PRO, la UCR y los aliados provinciales se resistieron a aportar sus firmas porque aseguran que la Casa Rosada no respondió a la mayoría de sus reclamos. La falta de acuerdo también hizo naufragar la reunión de comisión en la que se discutió la nueva ley de Biocombustibles, que ya tiene media sanción del Senado.
"No vamos a firmar nada porque no nos dieron ninguna respuesta sobre varios temas", manifestó un diputado del PRO durante la tarde del martes. Sin embargo, los bloques aliados reconocieron que en principio se mantiene la sesión prevista para el miércoles 18 de noviembre y buscaron desdramatizar la situación. "Estamos negociando, también dejamos disponible el miércoles 25 de noviembre", explicaron, dando a entender que la sanción de la "ley de leyes" no corre riesgo real de quedar frenada en Diputados.
La lista de reclamos del PRO está encabezada por la regularización de las deudas de Nación con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación. "Nos dicen que se puede arreglar por fuera del Presupuesto. Pero si es verdad que está la plata para arreglar todo, queremos que la incluyan en el Presupuesto", señalaron a Infobae. El reclamo por la coparticipación no es nuevo y también se mezcla en las negociaciones electorales entre los libertarios y Jorge Macri.
Por otro lado, los amarillos impulsan una reducción del IVA al huevo y sus productos derivados. "Es la única proteína que todavía paga el 21%", argumentaron. Este beneficio para la producción avícola tendría un fuerte impacto en la provincia de Entre Ríos, gobernada por Rogelio Frigerio, del PRO.
Las obras viales son un capítulo aparte y allí se acumulan reclamos de distintas fuerzas y provincias. En principio, tanto el PRO como la UCR y los bloques que responden directamente a gobernadores reclaman una reducción del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que por ley debería destinarse al mantenimiento de las rutas pero el Gobierno no ejecuta. "Nos cobran el impuesto, no hacen las obras y usan la plata para mostrar superávit fiscal, qué vivos", ironizó un diputado del norte del país.
En la misma línea, las provincias reclaman mayor información y procesos más "transparentes" para las concesiones viales, que según el Gobierno, llegarían a los 9.000 kilómetros.
Las provincias que no transfirieron con sus cajas previsionales a la ANSES también exigen precisiones sobre los fondos que serán asignados a cada una para compensar el déficit. En el proyecto figura una partida de $503.325 millones que desde las provincias ya califican como insuficiente. Por otro lado, varios distritos tienen pendientes una respuesta sobre eventuales autorizaciones para tomar deuda.
En tanto, la UCR insistió en mejorar las partidas previstas para financiar las universidades nacionales: a pesar de que los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclaman un mínimo de $11 billones, el presupuesto para el año que viene les asigna un poco más de $7 billones.
Los bloques aliados tampoco ven con buenos ojos la derogación de la movilidad automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) mediante el cual se pagan las asignaciones familiares a los trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados, pensionados y otros beneficiarios formales.
Por último, la diputada de Adelante Buenos Aires, Karina Banfi, y otros diputados patagónicos pidieron una reducción de impuestos para el sector pesquero.
La ley de biocombustibles comenzó a tratarse en Diputados la semana pasada tras haber obtenido media sanción en el Senado. El rápido tratamiento del proyecto que aumenta los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% para las naftas y de biodiésel del 7% al 10% en gasoil fue un guiño del oficialismo a los gobernadores de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que jugaron a favor del oficialismo en temas importantes como el intento de derogación del DNU 70/23, la ley de Discapacidad y el endeudamiento familiar.
Si bien no hay discrepancias respecto a los cambios para el bioetanol, la propuesta quedó trabada por reclamos muy concretos de provincias productoras de biodiésel, como Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos.
El corte obligatorio pasaría del 7,5% al 10% y se prevé una transición con segmentos diferenciados para firmas "integradas" (vinculadas a grupos aceiteros) y plantas "no integradas" (pymes regionales que no producen la materia prima). Para llegar al 10% de corte, las no integradas tendrán inicialmente reservado el 6,5% del mercado. Esa proporción bajaría a 5,5% en 2029, a 5% en 2030 y a 4% desde 2031 hasta 2036. Así, una parte creciente del mercado de biodiésel quedaría abierta a la negociación entre empresas integradas y no integradas.
Desde el PRO -aunque también tienen apoyo de otros sectores provinciales- proponen mantener la participación del 6% del mercado para las pequeñas y medianas empresas ("no integradas"), bajo el argumento de que no podrán competir con las grandes aceiteras de Santa Fe y Córdoba, por lo que el mercado terminará concentrándose en muy pocos grandes jugadores.
