Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta una crisis con la Corte Suprema de Brasil que lleva nombre propio: Alexandre de Moraes. El juez, celebrado en el pasado por frenar los intentos de Jair Bolsonaro de debilitar la democracia brasileña, se convirtió en un problema político para el presidente reelecto justo cuando este se prepara para asumir un nuevo mandato con la promesa de sanar las divisiones del país.
Horas después de que Lula derrotara a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, en la segunda vuelta presidencial del domingo, Moraes ordenó al candidato perdedor entregar sus pasaportes. El magistrado invocó el riesgo de que el dirigente derrotado intentara huir del país ante el avance de varias investigaciones penales en su contra.
La medida llegó apenas horas después de que el tribunal electoral proclamara a Lula ganador de los comicios, y tras el intento fallido de Bolsonaro de impugnar los resultados. Según diez personas cercanas a Lula y a la Corte Suprema consultadas por Bloomberg, la decisión generó un malestar generalizado y algunos la calificaron de desastrosa.
El fallo irritó tanto a la campaña de Lula como a otros jueces del propio tribunal, que venían intentando desactivar la confrontación con los simpatizantes de Bolsonaro, de acuerdo con las fuentes citadas por Bloomberg.
El momento elegido por Moraes resultó particularmente perjudicial. Al llegar apenas horas después de confirmado el triunfo de Lula, la orden le dio al candidato derrotado una justificación para huir del país y presentarse como víctima de una persecución política, señalaron algunas de las fuentes consultadas. Las oficinas de Moraes y de Lula no respondieron a los pedidos de comentarios de Bloomberg.
La disputa entre el máximo tribunal brasileño y el bolsonarismo escaló luego de que Moraes ordenara la confiscación de los pasaportes de Flávio Bolsonaro tras el triunfo de Lula en el balotaje, en momentos en que el líder derrotado enfrenta múltiples causas penales. La medida reavivó entre los seguidores de Bolsonaro la percepción de que la Corte busca perseguir a su movimiento político, y profundizó la tensión dentro de una elección ya de por sí tumultuosa.
La tensión se agrava por un cambio significativo en la composición del Senado entrante, que debe confirmar los nombramientos a la Corte Suprema y que también puede destituir jueces mediante un mecanismo constitucional que nunca se activó desde el regreso de la democracia a Brasil.
El Partido Liberal de Bolsonaro, el más activo impulsor del juicio político contra jueces, obtuvo 29 de las 81 bancas del Senado. Según un relevamiento del diario Folha de S.Paulo, al menos 49 senadores que asumirán o continuarán en sus cargos el año próximo expresaron, con distintos grados de compromiso, su respaldo a la destitución de jueces de la Corte Suprema.
Esa cifra queda por debajo de los 54 votos necesarios para remover a un magistrado, pero refleja la presión política que enfrenta Moraes, principal blanco del movimiento liderado por Bolsonaro.
La Corte Suprema de Brasil es una institución con un peso inusual en la política del país desde hace dos décadas, y su influencia suele desplazarse según el clima de opinión pública. El tribunal habilitó la detención de Lula en 2018, en medio de un escándalo de corrupción de gran magnitud, para luego anular sus condenas años después cuando el contexto político cambió. Durante la presidencia de Bolsonaro y en los años posteriores, se convirtió en el principal antagonista institucional de un mandatario que atacaba con frecuencia a las instituciones democráticas y difundía afirmaciones falsas sobre el sistema electoral.
Durante los últimos siete años, ningún juez ejerció esos poderes con la contundencia de Moraes, una figura considerada por millones como clave para la defensa de la democracia y, al mismo tiempo, señalada por sus críticos como ejemplo de la disposición del tribunal a forzar la ley para ampliar su propia autoridad.
Lula, quien en un principio se benefició de las acciones de Moraes contra Bolsonaro y sus aliados, mostró cada vez más incomodidad con el magistrado y recibe presión creciente para distanciarse de él, de acuerdo con personas al tanto de su pensamiento. Algunos de sus asesores consideran que debería haber actuado antes y con mayor firmeza para separar a su gobierno de las controversias del tribunal, en particular después de que surgieran vínculos entre Moraes y Daniel Vorcaro, fundador del Banco Master, entidad en el centro de la mayor investigación por fraude bancario de Brasil.
Aunque otros jueces también fueron mencionados en relación con Vorcaro, el estilo confrontativo de Moraes y su uso sin restricciones de las amplias facultades del tribunal lo convierten en el primer blanco de los seguidores de Bolsonaro.
Consultado durante la campaña, Lula manifestó respaldo a reformas en el máximo tribunal que podrían incluir mandatos fijos para los jueces y criterios más específicos para la elección de nuevos integrantes. En la actualidad, dentro del palacio presidencial prevalece la idea de que esa reforma ya no puede postergarse.
Los principales cambios bajo análisis para la composición de la Corte Suprema de Brasil apuntan a establecer mandatos de entre nueve y 15 años para los jueces, acotar el rango de edad de los nuevos designados y limitar la competencia del tribunal sobre determinadas materias, en un intento por reducir su influencia política tras años de tensión con el bolsonarismo.
La Constitución de Brasil otorga actualmente al presidente la potestad de nominar a los jueces de la Corte Suprema, sujeta a la aprobación por mayoría absoluta del Senado. Los candidatos deben tener entre 35 y 70 años al momento del nombramiento, y los jueces pueden permanecer en el cargo hasta la edad de retiro obligatorio, fijada en 75 años. Aunque algunos dirigentes políticos propusieron modificar el proceso de designación para dar participación a otras instituciones, un exlegislador y experto constitucional sostuvo que la Carta Magna asigna esa facultad de manera explícita al presidente y advirtió que redistribuirla entre otros poderes del Estado sería inconveniente.
Otra idea en discusión busca reducir el universo de asuntos que pueden llegar a la Corte Suprema. La Constitución de 1988 es inusualmente extensa, con 250 artículos que abarcan desde derechos sociales y tributación hasta derecho penal y organización del Estado. En comparación, la Constitución de Estados Unidos contiene siete artículos y fue enmendada 27 veces. La Corte Suprema brasileña está constitucionalmente designada como guardiana de ese extenso texto, lo que explica en parte su rol amplio en disputas políticas y de política pública.
Cualquiera de esos cambios requeriría una enmienda constitucional, un proceso políticamente exigente que necesita la aprobación en dos rondas por tres quintos de la Cámara de Diputados y del Senado. Las reformas podrían, a su vez, ser cuestionadas ante la propia Corte Suprema, en especial si se las considerara una afectación a las garantías constitucionales que protegen la separación de poderes.
Ese escenario deja a Lula y al Congreso ante un camino riesgoso pero difícil de eludir: cualquier intento de reformar el tribunal puede alimentar una crisis institucional aún mayor entre los tres poderes del Estado, mientras que postergar los cambios puede seguir erosionando la credibilidad de una institución que ha sido un pilar de la democracia brasileña.
